Que devuelvan lo que nos cobraron de más

Una decisión del Ministerio de Salud, de fijar topes a los precios que se pagan por los medicamentos, volvió a poner de presente que en ese sector, hace muchos años los consumidores, que somos pacientes y el Estado, hemos venido pagando más de aquello que debíamos haber pagado. La pregunta que surge es si hay mecanismos para reclamar la devolución de lo que se pagó de más. El entonces Ministro Alejandro Gaviria calculó que, con el control de precios a aproximadamente 1000 medicamentos, se había producido un ahorro de más de 1.3 billones de pesos, de los cuales el Estado, a través del sistema de salud paga más del 70%. Claro que los consumidores tenemos derecho a que se nos devuelva lo pagado por encima del precio que corresponde en el mercado. En el caso de las drogas, el Ministerio hizo estudios sobre el verdadero valor de los productos que compraba y llegó a la conclusión que centenares de ellos se vendían a precios muy superiores de los que se cobraban en mercados parecidos. Por ejemplo, un medicamento que se vendía en Ecuador a 200, en Colombia se cobraba a 800 y por tanto fijó los precios por decreto, pero ¿y, lo que ya se había pagado? Pues a nuestro juicio, los administradores del sistema público de salud están obligados a intentar las acciones judiciales para que se retorne lo pagado de más y los consumidores podrían reclamar también las devoluciones. En el caso de las compras públicas nos parece que no es una opción sino un deber de quienes administran los recursos públicos evitar que se consolide el detrimento patrimonial. En todos Departamentos, las secretarías de salud, como los hospitales públicos debieron haber comprado miles de millones de pesos en medicamentos que después el Gobierno ha dicho que debían costar menos de lo cobrado. En los contratos estatales, a diferencia de los negocios entre particulares, no es libre la fijación del precio. Los ordenadores de gasto no pueden comprar a precios superiores de los razonables según el mercado y solo pueden reconocer una ganancia razonable al contratista, todo lo que se pague por encima de eso es detrimento al patrimonio público y por tanto les surge el deber de impedirlo so pena de incurrir en conductas disciplinarias o fiscales. El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios que administran el sistema de salud están obligados a recuperar lo pagado de más. Quizás una acción de grupo a través de las asociaciones de departamentos y de municipios como la que se adelantó hace algunos años contra los productores de cigarrillos que facilitaban el contrabando podría ser eficaz. Pero el derecho a reclamar si se advierte que alguien “cobró de más” por un bien o un servicio no solo lo tienen las entidades públicas, también los particulares en determinados casos y circunstancias. Por ejemplo, en servicios que se ofrecen de manera uniforme a todas las personas, a nuestro juicio, los prestadores están obligados a garantizar el mismo precio por el mismo servicio a todos los usuarios y si a alguno se está cobrando una tarifa superior que a otros, aquel tendrá derecho no solo a que su plan se adecue al mejor precio sino a reclamar la devolución de lo cobrado de más. Eso ocurre con frecuencia en la telefonía celular o los servicios de televisión por suscripción en los que las empresas bajan las tarifas para atraer nuevos clientes, pero no aplican esos descuentos para sus usuarios antiguos. En la firma, por solicitud de algunos usuarios, estamos preparando sendas acciones de grupo contra los operadores de telefonía celular para obtener la devolución que en muchos casos llega a representar 150 mil pesos mensuales cobrados durante años. En contacto@riverosconsulting.com pueden contarnos su caso para fortalecer esta área de defensa de usuarios y consumidores.

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